• Hacienda reclama a la Generalitat que detalle los pagos a empresas vinculadas al procés

El Gobierno exige los contratos del Centro de Información de Cataluña a IBM y otras empresas y pide identificar a los funcionarios o responsables que aprobaron los pagos

El Gobierno de Mariano Rajoy endurece el control sobre el entorno independentista. Busca indicios para averiguar quién financió la consulta ilegal del 1 de octubre y, en general, el procés. El Ministerio de Hacienda ha reclamado a la interventora de Cataluña que detalle los pagos, becas y subvenciones realizados desde 2015 por cualquier organismo de la Generalitat a medio centenar de personas y empresas, la mayoría del ámbito cultural y mediático, vinculadas al secesionismo.

Hacienda sospecha que el referéndum ilegal celebrado el 1 de octubre, los actos de propaganda y promoción de la secesión, así como parte de la manutención de Carles Puigdemont en Bélgica, están financiados por empresas y empresarios ligados al independentismo. Aunque tiene intervenida las finanzas de la Generalitat desde septiembre de 2017, no descarta que antes de esa fecha se haya podido destinar dinero público a través de sociedades interpuestas que han contratado con la Administración catalana.

El ministerio busca indicios de malversación de fondos públicos. Cada semana reclama información a la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, al objeto de cerrar el círculo que conduzca a la fuente de dinero que ayudó a comprar las urnas de plástico y las papeletas... El último requerimiento consta de 13 páginas y fue remitido el pasado lunes. En él, el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, reclama información "completa y certera" de los pagos realizados desde 2015 por cualquier organismo de la Generalitat a medio centenar de empresarios, personalidades del mundo de la comunicación en Cataluña y empresas ligadas al procés.

Entre las entidades y personalidades sobre las que el ministerio ha reclamado información destacan varias empresas vinculadas a Mediapro, la productora audiovisual que dirige Jaume Roures, según adelantó La Vanguardia. La investigación que la Guardia Civil remitió al Tribunal Supremo le atribuye un papel protagonista en el desafío secesionista. Roures insiste en que no es independentista, pero Hacienda ha pedido los pagos de la Generalitat a ocho de las empresas de ese grupo.

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Mar 07, 2018 06:05 UTC
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