• Suspender el Espacio Schengen: posible, pero sólo ante amenazas y emergencias

El espacio de libre circulación, conocido como Espacio Schengen, es uno de los grandes éxitos de la historia de la UE.

En la práctica supone la eliminación de las fronteras internas entre 26 países. Ya no hay control de pasaportes ni de mercancías. Cuando se entra en la UE a través de uno de sus firmantes, ya no hacen falta más controles para moverse a los demás. Hay 26 países miembros de Schengen. No forman parte todos los de la UE (Bulgaria, Croacia, Chipre, Irlanda, Reino Unido y Rumanía están al margen por ahora) y hay otros, como Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, que no son Estados Miembros pero forman parte.

Desde el Partido Popular han surgido voces, como Pablo Casado o el jefe de filas del partido en la Eurocámara, Esteban González Pons, que piden que España suspenda la aplicación del Acuerdo "hasta que se aclare si la euroorden sirve para algo o no sirve para nada". Sánchez podría intentarlo, pero le iba a costar mucho convencer a las instituciones de que la salida de unos cuantos políticos, cuando todavía podían hacerlo legalmente, es una seria amenaza para España y el resto.El Código de Fronteras de Schengen permite en efecto que un país suspenda esa aplicación, pero sólo "temporalmente" y en el "caso de una amenaza seria" o cuando hay "razones de seguridad interna".

La represalia por la no extradición de Carles Puigdemont no se ajusta a esos criterios.La reintroducción de controles fronterizos internos "debe ser una excepción y respetar el principio de proporcionalidad", según la legislación vigente. "El objeto y la duración de esa medida temporal debe restringirse al mínimo imprescindible para responder a la amenaza en cuestión", como "medida de última instancia", dice la Comisión Europea. La prerrogativa de hacerlo es de un Estado Miembro. Corresponde a los gobiernos analizar la situación, evaluar la amenaza o emergencia, con criterios propios, pero todos tienen una idea muy clara de qué se contempla como admisible y qué no. Las capitales que estén considerando la medida deben notificárselo a la Comisión, y al resto de socios del Consejo, "al menos cuatro semanas antes" de la entrada en vigor de la medida, salvo que se trate realmente de una emergencia. Bruselas puede expresar su opinión sobre la necesidad de reintroducir o no controles o si es "proporcional", pero no tiene derecho de veto. Por paradójico que suene, suspender Schengen es, al mismo tiempo, muy grave y algo rutinario.

Los gobiernos lo hacen constantemente, por ejemplo antes de eventos deportivos o culturales y con reuniones políticas de alto nivel, pero tan solo durante unos días. De hecho, los artículos 25 y 26 del Código estipulan que para ese tipo de acontecimientos el tiempo máximo es de 30 días (prorrogables a un máximo de medio año). No supone que se cierren de golpe todas las fronteras y se fiscalice al 100% de los viajeros, sino que en algunas, y por diferentes motivos, se pueden realizar controles de pasaporte y registros.También se ha invocado esa potestad en numerosas ocasiones tras atentados.

En ese tipo de situaciones, la regulación admite hasta 10 días de suspensión sin notificación. Lo hizo Francia, por ejemplo, tras los ataques en París de enero y noviembre de 2015 para intentar atrapar a los autores. Eso son situaciones muy concretas, incluso si se prolongan en el tiempo, como es el caso galo, que de una manera u otra ha mantenido esa potestad estos años. Ahora mismo, desde el 30 de abril, tiene una suspensión de seis meses, hasta finales de octubre, por "amenaza terrorista persistente". La situación más seria, sin embargo, tiene que ver con lo tipificado en el Artículo 29, cuando "el funcionamiento global de Schengen está en riesgo como resultado de deficiencias serias y persistentes en el control de las fronteras exteriores".

Esto es, algo como la crisis política derivada de las llegadas de migrantes y refugiados desde el verano de 2015 que de verdad ha estado a punto de hacer saltar por los aires la libre circulación, ante la incapacidad de los gobiernos de encontrar soluciones.Ahora mismo, además de Francia, otros cinco países mantienen controles hasta, por lo menos, el 11 de noviembre. Son Austria (en la frontera húngara y eslovena). Alemania, en su frontera terrestre con Austria. Dinamarca (carreteras y puertos con Alemania), Suecia (en todas) y Noruega (en los ferris que van a Dinamarca, Alemania y Suecia). Para esos casos, mucho más serios, el Consejo de la UE (los Gobiernos) debe emitir una recomendación, la Comisión hace un análisis y el país que lo solicita debe presentar informes de evolución. La Comisión no tiene constancia de ningún precedente en el que algún país quisiera suspenderlo por una orden de extradición o algo análogo.

La tesis del Partido Popular sostiene que la libre circulación es un gran avance, pero sólo tiene sentido si va de la mano de una confianza total en los sistemas judiciales, que haga automática la entrega de una persona reclamada por la Justicia de otros Estado Miembro. De lo contrario sería jauja para los criminales. La Orden de Detención Europea (euroorden), de hecho, funciona así, pero sólo con una lista muy concreta de 32 categorías de delitos, en los que no se comprueba que el acto se considere delito en ambos países.

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Jul 14, 2018 03:24 UTC
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