Dec 10, 2018 04:40 UTC
  • Sectores del independentismo se preparan para boicotear el Consejo de Ministros de Barcelona

El Govern las protestas en plena tormenta por el cuestionamiento público de Torra al conseller del Interior, Miquel Buch, por las últimas cargas de los Mossos

La celebración de un Consejo de Ministros el próximo 21 de diciembre en Barcelona –un año después de las elecciones catalanas en la que el independentismo renovó su mayoría– debía servir para acercar posturas entre el Gobierno central y la Generalitat. Al menos esa fue la explicación oficial desde Moncloa. Sin embargo, la falta de concreciones en el diálogo, las divergencias entre ejecutivos sobre cómo abordar la cita y los nervios entre muchos sectores independentistas están no solo poniendo en serio peligro el objetivo, sino incluso pueden resultar en un incremento inesperado de la tensión política.

El tan anunciado otoño caliente podría llegar aunque sea en el ocaso de la estación. Las entidades independentistas, incluyendo aquí tanto a la Assemblea Nacional de Cataluña (ANC) como a los Comités de Defensa de la República (CDR) y otras asociaciones, ya se preparan para un día de ruidosas movilizaciones y protestas contra la visita del Gobierno a la capital catalana. Las manifestaciones con motivo del Día de la Constitución y el corte de la autopista AP-7 a la altura de L’Ampolla este fin de semana han funcionado como una especie de ensayo general de una jornada que podría ser tensa.

El Govern ha avalado estas protestas. La portavoz Elsa Artadi se mostró comprensiva el pasado martes con las movilizaciones al compartir que la visita del Ejecutivo de Sánchez se lea como una “provocación”. El ejecutivo catalán lleva semanas criticando la iniciativa del presidente socialista al verla meramente de cara a la galería y sin concreciones. “Protegeremos el derecho a que la gente proteste. La gente tiene derecho a protestar y el Govern garantizará este derecho igual que garantizará el derecho a la seguridad”, subrayó Artadi.

La iniciativa de estos grupos va más allá de manifestaciones, según dejan claro en las distintas convocatorias que circulan por redes sociales. La inspiración vuelven a ser la “huelgas de país” que se produjeron en otoño de 2017 y, en este caso, el objetivo es paralizar Cataluña tratando de cortar los grandes ejes de comunicación, incluyendo fronteras, carreteras, vías de tren y transporte público metropolitano y aeropuertos.

Sin embargo, esta situación va a llegar en plena tormenta política por las nuevas diferencias en el seno del Govern alrededor de un asunto tan sensible como las fuerzas de seguridad. Las cargas de los Mossos en las protestas del jueves en Terrassa y Girona –que dejaron varios heridos, entre ellos una diputada de la CUP– provocaron que el presidente Quim Torra instara al conseller de Interior, Miquel Buch, a investigar los hechos e incluso a hacer cambios profundos de los protocolos de la policía catalana si es necesario.

Ambos deben reunirse este domingo para acordar cómo abordar la situación, aunque no se ha desvelado ni lugar ni hora de la reunión. Lo único que se sabe es que coincidirá con el ayuno de 48 horas que se ha autoimpuesto Torra para solidarizarse con la huelga de hambre que iniciaron la semana pasada cuatro dirigentes independentistas encarcelados por la causa del 1-O (Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull y Quim Forn). El encuentro es clave porque precisamente debe poner las bases sobre cómo actuarán los Mossos ante el 21-D.

De momento, estas nuevas protestas han vuelto a poner a los Mossos en el ojo del huracán. Algunos sindicatos han criticado a Buch por poner en duda su labor y algún colectivo policial amenaza con secundar una huelga encubierta el próximo miércoles 12 de diciembre. Ayer sábado, la actitud de los Mossos fue muy distinta a la del jueves cuando los CDR cortaron durante 15 horas la autopista AP-7a para protestar contra la situación de los líderes independentista presos. Los agentes fijaron un perímetro de seguridad pero evitaron actuar.

A nivel político, el plazo de cuatro días que Torra dio a Buch se interpretó como un ultimátum y un cuestionamiento público del conseller. La oposición, en particular PP y Ciudadanos, han aprovechado para recamar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que tome el control de los Mossos, y a Pedro Sánchez que vuelva a aplicar el articulo 155 a Cataluña. La última ha sido la líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, quien este domingo al mediodía ha emplazado a Sánchez a “actuar” frente a “los violentos” que, a su juicio, Torra “anima” y “protege”.

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