Sep 09, 2018 04:31 UTC
  • La fiscalía mantendrá la acusación de rebelión para los líderes separatistas

Los cuatro fiscales encargados de dirigir la acusación pública contra los líderes independentistas siguen convencidos de hubo una “insurrección violenta"

Los cuatro fiscales encargados de dirigir la acusación pública contra los líderes independentistas siguen convencidos de que en los días previos al 1 de octubre de 2017 y durante la jornada del referéndum ilegal se produjo una “insurrección violenta” que puso en grave peligro el orden constitucional, y que por tanto el Tribunal Supremo los deberá condenar por un delito de rebelión, castigado con penas que van de los 15 a los 25 años de prisión. La pretensión de la Generalitat de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “oriente” a la Fiscalía General del Estado para que rebaje su petición de condena ha provocado el efecto contrario: una suerte de blindaje del colectivo de fiscales ante cualquier presión política.

Según indicaron a EL PAÍS fuentes del Tribunal Supremo, los cuatro fiscales de Sala que dirigirán la acusación —Javier Zaragoza, ex fiscal jefe de la Audiencia Nacional; Consuelo Madrigal, ex fiscal general del Estado; Fidel Cadena y Jaime Moreno— mantienen un criterio unánime con respecto al delito de rebelión y no han recibido ninguna instrucción contraria por parte de la nueva fiscal general del Estado, María José Segarra, con la que trabajan en sintonía. Las principales asociaciones de fiscales han mostrado su total confianza en la imparcialidad de los cuatro fiscales de Sala y han alabado su valía profesional, que los sitúa a salvo —aseguran desde la Asociación de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales— de cualquier injerencia política.

Es importante además tener en cuenta un dato: desde que, el 30 de octubre de 2017, se presentó en el Tribunal Supremo la querella por rebelión, sedición, malversación y delitos conexos contra los dirigentes independentistas, se han sucedido al frente del país dos Gobiernos de distinto signo —el del conservador Mariano Rajoy y el del socialista Pedro Sánchez— y tres fiscales al frente de la Fiscalía General del Estado sin que por ello el criterio de los cuatro fiscales haya cambiado con respecto al delito de rebelión. Y así lo expresarán en el escrito de calificación previo a la celebración del juicio, que se podría iniciar a finales de este año o comienzos de 2019 y que, sin duda, se convertirá en uno de los más importantes de la reciente etapa democrática.

El proceso abierto hace diez meses puede acabar con una condena de cárcel contra los dirigentes políticos de un Gobierno autonómico que, según el criterio de los fiscales, intentó independizar a Cataluña de España aprobando leyes contrarias a la Constitución, creando estructuras de Estado paralelas y celebrando referendos ilegales. El juicio se celebrará además en un contexto de creciente tensión política y social en Cataluña, la autonomía que, junto a Madrid, más PIB aporta al conjunto nacional y la segunda más poblada de España. Y, por si fuera poco, con un Gobierno central extremadamente débil al que cualquier resfriado parlamentario puede mandar a la UCI sin más cura posible que unas elecciones anticipadas.

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